Editorial: Resguardando la facultad de emitir licencias como parte del acto médico

 Según el último informe elaborado por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), la Superintendencia de Salud y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), las licencias médicas aumentaron en un 40% en 2021, mientras que el gasto alcanzó los $2,6 billones. La cifra, que representa un incremento de un 60,4% en los últimos 5 años, muestra un aumento sostenido. Si a ello sumamos las cifras que consolidó la Suseso para este tercer trimestre, un total de 8.150.722 Licencias Médicas Electrónicas (LME) han sido emitidas, lo que implica un alza de 18,7% con respecto a igual período del año pasado.

La respuesta al alza no puede encontrarse solo en la pandemia. De hecho, el ranking de diagnósticos es liderado por las enfermedades de carácter mental, con el 29%; mientras que el Covid-19 representó el 19% del total de licencias en 2021, seguido por las enfermedades osteomusculares con 18%.

También vale la pena observar el detalle sobre la resolución que se aplicó respecto a las licencias médicas. En 2021, mientras Fonasa rechazó en primera instancia un 7,8%; esta cifra se redujo a 5,4% luego de presentado el recurso de reposición. En el caso de las isapres, el rechazo alcanzó al 20,8% en primera instancia, y tras la apelación, se redujo a 8,4% del total.

En este contexto, las isapres, Compin y clínicas han sostenido una campaña ante la opinión pública y en tribunales para denunciar lo que suponen un uso fraudulento de este instrumento.

La preocupación es atendible, por supuesto, y no pretendemos desatender el tema. Al contrario, lo presentamos en esta publicación, mediante la consulta a distintos especialistas para incluir sus puntos de vista. Destacamos la importancia de la correcta implementación de LME como una oportunidad para reducir las posibilidades de fraude, facilitando la fiscalización.

Sin embargo, no podemos hacer oídos sordos frente a lo que ha devenido en un hostigamiento a los profesionales sanitarios, quienes no solo tienen la facultad de emitirlas

−pues el descanso forma parte de la terapia−, sino además tienen la obligación de hacerlo, cuando corresponda de acuerdo con la lex artis.  Con lamentable sorpresa, recibimos cientos de casos donde se ha restringido a un galeno su facultad para emitir licencias médicas por quince días, sin siquiera haber sido antes notificado de la sanción.

En la presente edición, explicamos las acciones que nos solicitó el Colegio Médico para responder oportunamente a este tipo de situaciones, y el exitoso resultado de estas acciones. Y manifestamos nuestra disposición para sentarnos a revisar el actual sistema de licencias médicas, para hacer las transformaciones que sean necesarias, en pos de la seguridad social y sanitaria de las y los pacientes.