La suma de los esfuerzos para disminuir el impacto de la judicialización en la medicina

Por Dr. Jorge Lastra, Médico, Director Médico Docencia Falmed.

Tiempo atrás, en esta misma revista, señalamos que la judicialización de la atención de salud es un hecho instalado hace varias décadas en Chile y en la mayoría de los países. Más allá de las oscilaciones observadas en las cifras de casos llevados a la justicia o resueltos a través de la mediación del Consejo de Defensa del Estado, su tendencia global ha sido incremental y aunque, al relacionarlos con el total de prestaciones que se realizan, cuantitativamente son hechos ‘marginales’, los profesionales de la salud saben que las probabilidades de visitar los tribunales de justicia, a lo menos una vez en la vida, están a la vuelta de la esquina. Y ello tiene un efecto en su ejercicio diario.

No obstante, las repercusiones de la excesiva judicialización tienen otros efectos importantes, que incluyen una pérdida de confianza en el ámbito reputacional y una importante afectación pecuniaria, razón por la cual no se pueden escatimar esfuerzos para reducir o atenuar sus repercusiones en salud.

Dentro de los impactos, los costos de la judicialización pueden dimensionarse de distintas formas. En primer lugar, por el daño que provoca en la relación médico paciente, toda vez que afecta principalmente la confianza, minando uno de los pilares en la que dicha relación debe asentarse y a la credibilidad del conjunto del sistema de atención, que se hace vulnerable a la crítica generalizada. En respuesta y buscado una estrategia para generar protección del sistema y de los profesionales de la salud, se produce lo que se ha llamado ‘medicina defensiva’, muy difundida en todo el mundo y que de acuerdo a algunas estimaciones realizadas en Estados Unidos, puede alcanzar hasta el 17,6% de los gastos de la atención médica, dentro de los que figuran el uso de un mayor número de exámenes, tratamientos o en la carga sobre los seguros de responsabilidad profesional.

Refuerza lo anterior la constatación de la Escuela de Salud Pública de Harvard, a través de entrevistas, de que más del 90% de los médicos practican la “medicina defensiva” con el objetivo de evitar posibles procesos judiciales.

Otros costos asociados al fenómeno de la judicialización corresponden a los montos implicados en las demandas, que además de pagar promedios elevados por juicio, $ 35.127.524, de acuerdo con información recogida por el Consejo de Defensa del Estado, para la decáda del 2010, con una demora 2 años y 84 días también en promedio, se debe agregar, la contratación de abogados/as por ese caso. También, de acuerdo a la misma fuente, para el mismo período, el tiempo promedio de un proceso de mediación alcanza a 63 días, y la indemnización promedio en la mediación alcanza a $7.753.919. En este caso sin necesidad de contratar abogados/as. Todos estos son costos significativos, teniéndose en cuenta que se trata solo del ámbito público.

No existe información, pero es fundamental considerar también en estos costos el daño a la salud de los y las afectadas en estos casos, así como el impacto reputacional y de estrés en los y las profesionales afectadas por demandas o procesos de mediación.

Todos estos costos deben ser enfrentados en sus distintas dimensiones, por ello se hace necesario estudiar qué es lo que produce este fenómeno y deducir de ello cómo podemos abordarlo.

En el mismo artículo “Judicialización de la medicina ¿Amenaza y oportunidad?” realizamos una revisión de las posibles causas de la judicialización y en lo principal, destacamos los cambios sociales que han llevado a una complejidad creciente de la atención médica, por modificaciones en lo social, la incorporación de tecnología, las nuevas materias legales y el incremento económico. Expresiones particulares de estos cambios son: una nueva relación médico-paciente, que ha migrado hacia un vínculo más exigente de parte de estos últimos; un aumento de la normatividad, que se ha materializado a través de una ley que resguarda los derechos de los pacientes; y el aumento del riesgo de la actividad médica con la incorporación de nuevas técnicas y tecnologías, instalando la seguridad como una característica obligatoria. Así la ‘lex artis’, que corresponde a “aquella práctica médica generalmente aceptada por la medicina, en un tiempo y lugar determinados, para un paciente en concreto”, ha debido ajustarse a estas nuevas condiciones.

En una dimensión más específica, existen estudios que dan cuenta de factores del ejercicio médico que favorecen la posibilidad de una demanda. Por ejemplo, el tipo de especialidades, que según Lidia Bravo y Denisse Lagos en Chile son las quirúrgicas; las que por las intervenciones cruentas que realizan presentan mayores riesgos. Una segunda cuestión que destaca la revista Annals of Surgery, al realizar la evaluación de múltiples aspectos del comportamiento del médico que se asocian con demandas por negligencia, resaltan la importancia del trabajo en equipo y la buena comunicación en la exposición a la mala práctica, como factores protectores frente a una demanda judicial.

En síntesis, se puede afirmar que estas modificaciones han incrementado la complejidad de la relación médico paciente; exigiendo mayores niveles de sintonía del médico con su paciente respecto de sus necesidades y expectativas. Por lo mismo, capacidad efectiva de escucharlo y comunicar, así como el respeto a sus derechos, de acuerdo a la dignidad propia de todo ser humano, cuya salud se encuentra vulnerable, lo que se expresa en la ley de derechos y deberes. Así mismo, resulta indispensable contemplar las posibilidades implican el carácter público de la acción médica, por el acceso y publicidad de los medios de comunicación y las redes sociales, que, con independencia del interés de los profesionales médicos y médicas, es una condición de denuncia ya instalada. Continuando con las exigencias que se deducen de las condiciones imperantes en el acto médico, la seguridad del paciente es otra de las dimensiones que se necesita considerar para promover tanto la calidad de atención como la certeza de estar actuando de acuerdo a uno más de los componentes de la “lex artis”. Y, por último, en el rescate de las mejores prácticas para asegurar la buena atención, el trabajo en equipo y la preocupación institucional de las redes de atención, aparecen como otra práctica aliada para reducir la judicialización y aumentar la buena práctica.

En esta dirección, la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico, ha desarrollado sus principales líneas de trabajo en sus áreas de seguro, jurídica, de comunicaciones y de docencia e investigación; puesto que su foco ha sido entregar las orientaciones a los y las médicas, estudiando el fenómeno de la judicialización, sus causas y elementos de disuasión, y transformando esos conocimientos en materias de información, formación y capacitación, a través de distintas plataformas y tipos de publicaciones, con la expectativa de llegar al mayor número de médicos y médicas, con sus programas plasmados en el curso Por Una Medicina de Excelencia (PUME) y de los y las futuras profesionales, en sus cursos de responsabilidad legal para internos e internas de medicina.

Sin embargo, si bien hemos avanzado en contenidos y plataformas educativas, la tarea no solo parece cada días más grande y desafiante, sino que requiere del concurso colectivo de los actores involucrados en esta misión de promover una práctica médica de excelencia. La opinión aislada del cuerpo médico no es suficiente, se necesita de la academia, de las redes de atención en salud y, también, de la propia ciudadanía informada. Las universidades son necesarias para alcanzar una alianza que permita masificar nuestro mensaje sobre la responsabilidad legal a los futuros profesionales; las redes asistenciales para transmitir en los equipos las mejores prácticas por una medicina de excelencia, sensible, segura, respetuosa y, sobre todo, la importancia del trabajo de equipo con este mismo objetivo. Finalmente, la ciudadanía informada y en actitud de cooperación, para sumarse aportando la información que emane de sus necesidades y expectativas, así como a cuidar el valor y la integridad de los equipos de salud, que al final de cuentas, deben ser un patrimonio de la salud de toda la población.