Por Paulo Muñoz, periodista FALMED

“Cárcel para hombre y mujer que agredieron a personal de cesfam en La Serena” fue uno de los titulares que, en marzo de este año, se repitió en distintos medios de prensa con la resolución judicial emblemática que se convirtió en la primera condena efectiva por hechos sancionados en la ley 21.188, conocida como “Consultorio Seguro”.

En noviembre de 2020, ambos victimarios ingresaron al SAPU del Centro de Salud Familiar Juan Pablo Segundo de Las Compañías, solicitando asistencia médica para un tercer acompañante. Estaban alterados, y la violencia verbal con la que recriminaron a los funcionarios, en el hall del recinto, dio paso a las agresiones físicas que incluyeron golpes de pie y puños a un auxiliar de salud, una secretaria y un facultativo.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del centro de salud. Precisamente, estos videos fueron fundamentales como medio de prueba para acreditar la culpabilidad del hombre y su acompañante, quienes fueron sentenciados a penas efectivas de cuatro años y 10 meses de presidio en grado máximo y 541 días de presidio en su grado medio, respectivamente.

El actual subsecretario de Redes Asistentes, Dr. Fernando Araos, en conversación con FALMED Educa, cataloga esta sentencia como un precedente y una clara señal contra los agresores de los funcionarios de la salud. “Ya tenemos un precedente que, si bien es inicial, nos muestra el camino y reafirma el compromiso institucional de acudir cada vez que un hecho de agresión al personal se denuncie. Estos hechos ocurrieron a fines de 2020, pero es una señal de que esta ley está operativa y que sí tiene efectos en este sentido”, dice el subsecretario Araos. ¿La ley Consultorio Seguro logra desincentivar agresiones al personal de salud?. La respuesta, por ahora, es una noticia en desarrollo. Mientras se esperan nuevas sanciones, el Dr. Araos adelanta: “estamos trabajando en otras medidas de prevención de estos delitos”.

La ley 21.188 endurece las penas a los agresores y es así como, por ejemplo, si debido a las lesiones la víctima queda con daño severo que conlleva pérdida de autonomía el imputado puede ser condenado a penas que llegan al presidio mayor en su grado medio, es decir de 10 años y un día a 15 años. En el caso de que el afectado o afectada por ese ataque presenta enfermedad o incapacidad para realizar sus labores profesionales por 30 días, la penalidad que arriesga el agresor puede ser presidio menor en grado medio a máximo, es decir de 541 días a cinco años de cárcel. Si las lesiones son leves y no causan daños, puede ser multado con servicios a la comunidad.

“Con esta nueva estrategia, mucho más agresiva, esperamos que las acciones legales rindan un fruto y, en base a estas estadísticas, exijamos a las autoridades de salud que tomen las medidas de prevención”.Dr. Patricio Meza, Presidente del Colegio Médico.

El abogado de FALMED, Nicolás Sanhueza, releva el endurecimiento de penas que establece la normativa. No obstante, recuerda que incluso antes de su entrada en vigencia, la Fundación logró una condena en contra de quien agredió a un afiliado. “Con anterioridad a la entrada en vigencia de ley 21.188, y a pesar de los inconvenientes propios de no tener un delito especial de agresiones a los funcionarios de salud, como hoy sí lo tenemos, se ha podido condenar a penas de cumplimiento efectivo, como fue el caso en que un paciente propinó golpes de pies y puño a un médico, ocasionándole una fractura mandibular. 

Estas lesiones fueron consideradas de carácter grave, por lo que se condenó al agresor a la pena de 180 días de reclusión”, detalla el abogado Sanhueza. Para lograr esta condena, recuerda el jurista de FALMED, fue determinante que el imputado no contaba con irreprochable conducta anterior, pues ya tenía otras condenas.

La ley Consultorio Seguro también incluyó una modificación en el Código Penal que en el artículo 175 letra f establece “la obligación de denuncia” por parte de los jefes de establecimientos de salud públicos y privados que conozcan delitos contra profesionales y funcionarios de esos recintos causados en el interior del mismo o mientras los funcionarios ejercen sus funciones. Esta denuncia debe ser comunicada al Ministerio Público, Carabineros o la Policía de investigaciones, en un plazo de 24 horas luego de conocido el hecho.

Pero la pregunta que surge es si los funcionarios o funcionarias afectadas consideran la denuncia como una herramienta eficaz o si la evitan por temor a sus agresores. Al respecto, el presidente del Colegio Médico, Dr. Patricio Meza, destaca que la idea es que estas agresiones sean denunciadas y, a la vez, se entreguen todas las condiciones para la seguridad de las víctimas. “Tenemos varios ejemplos en los cuales se han sancionado personas.

Por ejemplo, a las personas que han sido amenazadas, se les ponen medidas de protección. Si antiguamente esto no pasaba, la idea es que, con esta nueva estrategia, mucho más agresiva, logremos que las acciones legales rindan un fruto tanto comunicacional como desde el punto de vista médico y legal y, en base a estas estadísticas, les exijamos a las autoridades de salud correspondientes que tomen las medidas de prevención para evitar que existan agresiones”, dice el Dr. Meza.

El abogado Sanhueza explica que “uno de los factores que pudiesen incidir en la baja denuncia de este tipo de hechos es la revictimización o bien represalias a las que se puede ver expuesto el agredido, sobre todo en este tipo de delitos con características muy violentas. Sin embargo, me permito hacer un llamado a realizar la denuncia respectiva, precisamente con el objeto de buscar sanciones ejemplificadoras y que den cuenta de la gravedad del acto, visibilizando el hecho”.

Mesa de seguridad y nuevo proyecto de ley

Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la estrategia para dar mayor seguridad a los trabajadores de los centros de salud es reposicionar la seguridad con una mirada preventiva, mejorando protocolos e infraestructura.

Estos lineamientos son vistos desde una mirada descentralizadora, y junto con retomar las mesas de seguridad que incluyen la participación del Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Subsecretaría del Interior, el Minsal y los gremios de la salud (incluido el Colegio Médico); han contactado 29 servicios de salud para instaurar mesas locales de seguridad, con el fin de recoger información de los lugares donde están ocurriendo los mayores hechos de violencia y realizar acciones preventivas y de seguridad.

“En las reuniones de seguridad que tuvimos con la fiscalía, aprendimos que la calidad de la denuncia es muy importante y, en este sentido, hay que registrar los horarios, detalles, testigos. Es la única manera de que las causas avancen con celeridad, así como considerar otros medios de prueba cuando se producen estas agresiones”, dice el subsecretario Araos.

“Ya tenemos un precedente que, si bien es inicial, nos muestra el camino y reafirma el compromiso institucional de acudir cada vez que un hecho de agresión al personal se denuncie. La ley está operativa y sí tiene efectos”.Dr. Fernando Araos, Subsecretario de Redes Asistenciales.

Sobre este punto, el presidente del Colegio Médico considera que para un óptimo resultado en las condenas y obtener sanciones ejemplificadoras, es primordial dar a las víctimas de agresiones un apoyo interinstitucional. “Es fundamental que reaccionemos todos en conjunto y ese es el acuerdo que estamos teniendo con las mesas de seguridad. Si las agresiones ocurren en un cesfam, por ejemplo, debemos reaccionar con la autoridad municipal, con los Carabineros, Investigaciones, con alguien del servicio de salud, con los gremios, todos en conjunto, para que con una sola voz pongamos las denuncias contra los agresores”, subraya el Dr. Meza.

Pero junto a las mesas de seguridad, en junio pasado el Gobierno puso urgencia a un proyecto de ley que aumenta las penas a quienes porten armas cerca de establecimientos de salud y educacionales, como también a quienes disparen en un perímetro a 500 metros de estos lugares. Sobre este proyecto, el presidente del Colmed manifiesta: “Estas medidas van en dirección correcta. A futuro, tenemos que pensar en ver en algunos centros con mayor índice de agresiones con armas de fuego, amenazas y uso de armas blancas, la posibilidad de poner detectores de metales, entre otras medidas consideradas en las estrategias para lograr disminuir las agresiones al personal de salud”.

“Me permito hacer un llamado a realizar la denuncia respectiva, precisamente con el objeto de buscar sanciones ejemplificadoras y que den cuenta de la gravedad del acto, visibilizando el hecho”

Nicolás Sanhueza, Abogado Falmed.

¿Qué recomienda FALMED en caso de ser víctima de una agresión?

El abogado Nicolás Sanhueza explica que una agresión en el ejercicio médico puede ser catalogada como un accidente del trabajo. Es importante que cada vez que ocurra un hecho de este tipo, se informe a la dirección del recinto o a los empleadores para no solo seguir la vía jurídica, sino también explorar la implementación de otras medidas de carácter administrativo, como las altas disciplinarias que contempla la ley 20.584, conocida como de “Derechos y Deberes de los Pacientes”.

“Es un procedimiento administrativo que tiende a que el paciente no pueda ingresar al establecimiento por haber realizado estos actos violentos y sea reubicado en otro establecimiento que le otorgue las mismas prestaciones de salud, sin por ello poner en riesgo su vida”, explica el abogado Sanhueza.

Otra recomendación es que se contacten con FALMED para que el equipo jurídico analice el camino de la judicialización del caso y, de existir méritos, interponga una querella por los delitos de amenazas y de lesiones ante un juzgado de garantía.

Estas acciones son entabladas en conjunto con el Colegio Médico y buscan, en palabras de su presidente, entregar una señal potente no solo desde el plano judicial, sino también comunicacional.

“Como Colegio Médico creemos que para disminuir el número de agresiones es fundamental denunciar e interponer acciones legales contra todas aquellas personas que agredan a los funcionarios de la salud, y esto requiere además darlo a conocer”, concluye el Dr. Meza.

FALMED ha representado a médicos y médicas en la presentación de múltiples denuncias y querellas por delitos de lesiones, amenazas, injurias; como también en acciones constitucionales de protección, destacándose condenas con cumplimiento efectivo en caso de lesiones. Con el propósito de educar y prevenir las agresiones al personal sanitario, nuestra Fundación ha realizado, a lo largo del país, múltiples charlas sobre el marco jurídico y protocolos de acción, en caso de la ocurrencia de estos hechos.