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Reflexiones sobre la pertinencia cultural: a propósito de lo aprendido en el trabajo con comunidades mapuche de Araucanía. Chile.

Una de las áreas débiles para lograr la “pertinencia de la atención de salud” es la capacitación del recurso humano que se ha quedado en el plano formal, no logrando transformaciones profundas a pesar de todos los esfuerzos desplegados.


Capacitación a Funcionarios de la Red Asistencial del Maule en Pertinencia Cultural en Salud (Foto: Minsal). 

Por Ana María Oyarce, académica Escuela Salud Pública, U. Chile y Doctora en Antropología Médica.
Los pueblos indígenas de América Latina han emergido como actores sociales claves en las nuevas democracias plurinacionales del siglo XXI. Como consecuencia de sus luchas y movilizaciones sociales, se ha producido un creciente, pero insuficiente reconocimiento de sus derechos en las constituciones, leyes y normativas (CEPAL, 2016, 2020).  El marco normativo internacional de carácter vinculante, (Convenio 169 de la OIT, Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. N.U) entrega un estándar mínimo para las acciones de los estados y se articula en las siguientes categorías VER: derecho de no-discriminación; derecho a integridad cultural; derechos de propiedad, uso, control y acceso a las tierras y recursos; derecho al desarrollo y bienestar social; derechos de participación política, consentimiento libre, previo e informado de derechos de los pueblos indígenas (CEPAL, 2006; 2007a). 

El derecho a la salud como ejercicio de una ciudadanía colectiva diferenciada está consignado en las constituciones de Bolivia, Ecuador, México y Venezuela, y en al menos 17 países de la región existe alguna institucionalidad con el objetivo de implementar la salud para y por pueblos indígenas, muchas de ellas bajo la denominación de salud intercultural con una gran heterogeneidad de jerarquías, contenidos y recursos (CEPAL, 2007,2014). Acorde con estos avances legislativos y jurídicos varios países de América Latina han reconocido a las medicinas tradicionales como prácticas nacionales, y complementariamente existe un marco normativo para la implementación de políticas y programas.

En este contexto socio sanitario latinoamericano, Chile cuenta con un Programa de Salud y Pueblos indígenas originado primariamente en la Araucanía, y desde 2016 con una Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas; recientemente la Ley de derechos y deberes de los pacientes en su artículo 7, establece modelos de salud intercultural asegurando la accesibilidad, la equidad, la oportunidad y la integralidad de las prestaciones con pertinencia cultural (MINSAL, 2000).

Sin embargo, los avances son aún insuficientes para garantizar el verdadero ejercicio de los derechos en materia de salud de los pueblos indígenas, evidencia de ello es la situación de transición epidemiológica polarizada que presentan los pueblos indígenas, con una alta mortalidad por enfermedades crónicas, a la vez que con mayores tasas de muerte por enfermedades infecto-contagiosas (Oyarce y Pedrero, 2010, 2012, 2013; Stephens y Montenegro, 2010). Si bien la información es fragmentada es sistemática en mostrar el daño acumulado, inequidad y discriminación, a lo que se suma el deterioro en sus ecosistemas y modos de vida; una entrada a la modernidad sin control cultural y la falta de resonancia cultural de los programas de salud convencionales, situación agravada en los dos últimos años por la pandemia de la COVID-19. 


Parto intercultural del Hospital Base San José de Osorno (Foto: El Parto es Nuestro). 

Dentro del marco de la reforma en salud, en la mayoría de los países de la región se han implementado programas de salud con y para pueblos indígenas, muchos ellos bajo la denominación de salud intercultural (CEPAL, 2007). A más de dos décadas desde el surgimiento de estas políticas y programas, el reconocimiento se ha mantenido a nivel de declaraciones políticas que no han impactado realmente en el funcionamiento de los sistemas, la priorización de actividades y la repartición del presupuesto. Por otra parte, una serie de experiencias relevantes se han mantenido en los niveles regionales y locales, en muchos casos en articulación con organismos de cooperación y ONG internacionales (CEPAL, 2007).

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